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10/11/2021 El gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que sanciona con la suspensión y hasta con la destitución de sus cargos, a los jueces que incumplan con dictar sentencia en los plazos establecidos para los procesos sumarísimos, como pensión de alimentos y desalojos.

El proyecto de ley 00670 Ley que promueve la celeridad y la congruencia procesal en los procesos sumarísimos y precisa los deberes, infracciones, sanciones y criterios de evaluación de los jueces en los procesos judiciales, incorpora el artículo 55-A a la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, en lo referido a las faltas y sanciones en los procesos sumarísimos.
Así, los jueces que de manera injustificada no emita pronunciamiento sobre la pretensión dentro de los plazos legales establecidos; o que al resolver se pronuncie sobre materias ajenas a las solicitadas por las partes, serán sancionados con una suspensión de 12 a 18 meses.
En caso de reiteración en las infracciones, se aplica la sanción de destitución. La reiteración se configura a partir de la segunda comisión de una misma falta.
En la sustentación de motivos, el gobierno argumenta que, en la práctica, los procesos sumarísimos no cumplen con el objetivo de brindar una tutela especialmente célere para las controversias ventiladas en este marco, con lo cual, los plazos en los cuales deben ser resueltos se ven muchas veces dilatados.
Así, por ejemplo, en una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo sobre los procesos de alimentos, se destacó que ‘en menos de la mitad de los casos se calificó la demanda dentro de los cinco días del plazo legal.
Una investigación del 2015 encontró que los procesos de desalojo, tramitados por dicha vía procesal, duraban en promedio 4 años y 3 meses; es decir, 46 meses más (3 años y 8 meses) que el plazo previsto por ley.
El proyecto también cita un informe del Banco Mundial, en la que se indica que en el Perú los procesos sumarios, concebidos como procesos más céleres y con pocas formalidades, pueden durar como mínimo siete meses, tres meses más de lo que se tarda en México, y en algunas ciudades dura hasta 18 meses, como Arequipa.
En ese contexto, el gobierno resaltar el importante impacto social de este tipo de procesos en los cuales se resuelven asuntos como desalojos, interdictos, alimentos, entre otros de urgente tutela y que tienen un impacto directo en la dinámica económica y en la justicia social del país.
Otros proyectos
En total, este miércoles 10 de noviembre, tres proyectos de ley presentados por el Ejecutivo ingresaron a la agenda del Congreso.
Esto son el ya explicado proyecto de la Ley que promueve la celeridad y congruencia procesal en los procesos sumarísimos.
También el proyecto de ley que modifica la vigésima disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, con relación a la implementación de las evaluaciones de desempeño docente.
El tercer proyecto modifica la Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

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