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El Gobierno de Pedro Castillo presentó al Congreso un proyecto de ley que incluye en el Código Penal la castración química para violadores de niños, adolescentes y mujeres en el país.

Esto sucede tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de 3 años en Chiclayo.

El Ejecutivo remitió a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, la iniciativa legislativa aprobada el pasado miércoles por el Consejo de Ministros para aplicar dicho castigo.

Además, cuenta con la firma del mandatario y su primer ministro, Aníbal Torres.

¿QUÉ PROPONE EL DOCUMENTO?

El documento plantea que un juez imponga como pena accesoria este tratamiento especializado para reducir la libido sexual del condenado luego de que cumpla su condena, pues la medida no alcanza a las personas sentenciadas a cadena perpetua sino a una pena determinada.

El proyecto propone que un juez solicite anualmente a una junta médica un informe de evaluación física y mental del condenado con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice la continuidad de la aplicación de la medida.

Agrega que, en caso de desobediencia o resistencia a la castración química, el sentenciado será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho.

Cabe mencionar que, la iniciativa deberá seguir su trámite ante las comisiones del Parlamento para luego ser debatida y votada por el pleno del hemiciclo.

Sin embargo, la propuesta ya ha desatado críticas por parte de varios sectores del país al considerar que esta no es una medida eficiente para solucionar el problema de fondo.

La Defensoría del Pueblo aseguró que, como sanción, la castración “ha sido considerada por diversos organismos internacionales como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana”.

Esto llevaría al Perú a “incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público”.

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