De paseo por la feria Ruraq Maki, compró arte y artesanía shipibos. Y habló de minería artesanal.

El Gobierno promulgó una ley que deroga la detención preliminar sin flagrancia.

Mientras los peruanos padecen el flagelo del crimen, de los robos, el sicariato y la extorsión, el Gobierno y sus aliados congresales —llámese Fueza Popular, APP, Podemos y todos los parlamentarios que sostienen a este gobierno infame— lejos de ayudar a la población, legislan en favor del crimen y de la extorsión.  Ese es el penoso y alto costo de tener en el Parlamento y en el Gobierno al gato de despensero. O para usar una palabra ministerial, a las ratas del despensero. Eso es lo lamentable. El Congreso, no contento con blindar a sus propios extorsionadores ‘mochasueldos’, ahora legisla también en favor de las organizaciones criminales y el sicariato. Es el mundo al revés. Tenemos que rescatar al Perú de esta clase lumpenesca que ha asaltado el poder.

Más allá de la pena de muerte, que es una cortina de humo, ¿qué hacer contra la inseguridad?

Podemos convertirnos en una especie de Estado fallido, donde el crimen organizado tiene zonas liberadas, como en México. Es evidente que la pena de muerte es una maniobra distractiva. Porque eso no solo ameritaría renunciar al Pacto de San José, sino una reforma constitucional que puede no aprobarse y que puede demorar mucho tiempo. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. El grueso de las extorsiones sale de los penales. ¿Cómo es posible que en 30 años el Estado no pueda poner bloqueadores de celulares ahí? Y tiene que haber un equipo especial, como fue el GEIN, de oficiales altamente preparados y rigurosamente escrutados, que tengan un entorno muy bien encapsulado para que puedan operar con acceso a inteligencia operativa, con un grupo de fiscales y jueces ad hoc, para que puedan interceptar teléfonos, levantar el secreto y que los bancos cooperen.

Tudela tiene una ley de inteligencia financiera.

Muchas extorsiones se dan irónicamente por Yape. Hay que hacer inteligencia operativa. Pero nada de esto es posible si quien lo preside no es el presidente. Hay que movilizar al aparato judicial, a la Policía y a las empresas de telecomunicaciones y los bancos. Para hacer política en el Perú hay que incorporar el principio de realidad. Es importante aceptar que el Estado va a tener que destinar mucho dinero a nuevos penales en zonas donde no hay señal. Hay que replicar Challapalca, Yanamayo. En Cerro de Pasco hay un penal, pero es enano. Hay muchas zonas sobre los 4,300 m.s.n.m. Es importante hacer un esfuerzo antes de estar gastando US$ 3,400 millones en aviones de guerra, por ejemplo. El otro tema que hay que abordar es el de la edad de inimputabilidad. Porque el sicariato recluta menores de edad. Es una reflexión dura que hay que hacer, pero la democracia no puede ser boba. El Estado tiene que defender primero a los buenos ciudadanos, sobre todo en un país lleno de injusticia.

Fomenta alianzas. Y ya le hablan de Acción Popular.

Viajo mucho por el Perú. Y es inevitable asociar el apellido con Acción Popular. Hay mucho belaundista, pero que ahora están distantes de Acción Popular por el tema de los ‘Niños’ y por personajes que están mucho más a la izquierda de lo que fue Belaunde. El mensaje de Belaunde es plenamente vigente: una política desarrollista, integradora que logre superar el desafío geográfico y las barreras culturales del Perú. Un proyecto unitario enfocado hacia el bien común. Donde todos se sientan considerados. Un millón de jóvenes se han ido desde que apareció Castillo. Y también se han ido US$20 mil millones. Es una tragedia. Hay que devolver la sensación de que si uno trabaja y se esfuerza va a poder trascender. Hay que devolverle el sentido del futuro al Perú. Se lo han arrebatado a los peruanos. En ese sentido, el sentido común debería prevalecer. Tendríamos que ir decantándonos. El peor escenario es la atomización.

¿Qué piensa del testimonio de José Manuel Hernández sobre Martín Vizcarra?

Lamentablemente, creo que es un testimonio verosímil y sólido. La situación judicial del presidente Vizcarra es difícil. Aunque “difícil” es un eufemismo. Que la justicia actúe. Quienes han delinquido tienen que asumir las consecuencias. Nadie está por encima de la ley en el Perú.

Estuvo con los mineros artesanales en Chala.

La minería informal es un desafío que hay que tomar en serio. Es la fuente de ingreso para más de medio millón de familias en el Perú. Mientras estén dentro de las economías ilegales será un desafío para la seguridad y la economía. El Gobierno tiene que prestarle atención. El Perú es un país milenariamente minero. Desde hace más de dos mil años se hace minería. La minería no puede estar reservada solo a las grandes compañías. Tiene que haber una legislación viable para que la minería artesanal se formalice. El Reinfo ha perpetuado la informalidad, te da una patente de corso. Hay un limbo. El grueso de la informalidad se da en las concesiones ociosas. La ley tiene que actuar con rigor contra la minería ilegal.

TENGA EN CUENTA

“Hay una penalidad para las alianzas. La ley debería premiarlas”.

“Solo imaginar una cédula con 60 partidos… Sería una sábana, una cortina”.

“El Perú tiene necesidades urgentes. La señora pudo haber elegido cualquier otro momento para operarse la nariz. Usó la presidencia para coleccionar relojes y solucionar sus problemas estéticos. Mientras los peruanos acumulan arrugas financieras. Es de una frivolidad e indolencia de locos. Perú tendría que crecer 9% con estos precios. Tiramos a la basura otro quinquenio”.