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La libertad de prensa en el Perú durante 2024 dejó un saldo preocupante: 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación, según el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Esta cifra marca un nuevo récord en el siglo XXI, superando los 352 casos registrados en 2023 y los 303 de 2022. Y es la presidenta Dina Boluarte, una de las responsables, de esta alarmante realidad, donde el hostigamiento a la prensa es constante.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, dijo a Perú21 que era inadmisible que la jefa de Estado lleve 270 días sin responder preguntas a la prensa, las cuales son de altísimo interés público.
Y no solo eso: llamó la atención sobre el relacionamiento absolutamente confrontacional con los medios que tiene Boluarte.
«Cae en una estigmatizaciòn constante contra los medios. Resaltamos el hecho de que en su momento haya usado el eufemismo de terrorismo de imagen para referirse a la crítica periodística o que sus ministros, como es el caso del ministro del Interior (Juan José Santiváñez) se haya convertido en el ministro más hostil. Y ella en lugar de corregir la plana respalda su actitud. Y eso en democracia de quienes ejercen altas responsabilidades de la Nación es inaceptable», explico a este diario Lainez, al tiempo de subrayar que gran parte de las agresiones provienen del Poder Ejecutivo, en especial de los ministros de este gobierno.
Lainez subraya que se ha elevado el discurso confrontacional contra la prensa y que incluso Boluarte llama leyendas mediáticas a «las investigaciones de nuestros colegas y eso no es propio de una democracia».
En el 2024 se produjeron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación.
El informe refiere que el tipo de ataque más recurrente es, nuevamente la amenaza/hostigamiento, con 153 casos registrados, lo que reafirma la constante presión emocional sobre los periodistas.
Le siguieron las agresiones físicas y verbales, que sumaron 70 casos, mientras que se registraron discursos estigmatizantes en 52 ocasiones, ocupando el tercer lugar y reflejando el uso de narrativas para desacreditar y deslegitimar a la prensa.
Otras formas de ataque incluyeron las trabas al acceso a la información y cobertura periodística (44 casos), la intimidación judicial (46 casos) y la afectación laboral (14 casos), que alcanzó una cifra récord en los últimos años.
Y eso no es todo: se reportaron 4 detenciones y 3 robos.
«Se deben destacar las 6 amenazas legislativas, entre las que encontramos iniciativas para restringir la difusión de investigaciones fiscales o la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional», sostiene la ANP.
El análisis mensual revela dos períodos de mayor intensidad. En el primer trimestre, enero (21 casos) y febrero (19 casos) marcaron un inicio moderado; sin embargo, la situación cambió drásticamente en marzo (30 casos) con el destape del caso Rolex, que generó una oleada de reacciones hostiles, especialmente de los protagonistas: la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
«En este periodo la presidenta calificó las preguntas sobre el tema como «tendenciosas», mientras que el gobernador acusó a los periodistas de ser «malas personas que quieren hacer daño». Este clima de tensión se intensificó en abril (51 casos) y continuó durante mayo (48 casos), una temporada marcada por agresiones relacionadas con coberturas sensibles», se lee en el documento.
«El segundo período crítico ocurrió en el último trimestre del año. En octubre (43 casos), las declaraciones de Boluarte durante la ceremonia del 8 de octubre, en la conmemoración de la Batalla de Angamos, acusando a los medios de practicar “terrorismo de imagen”, avivaron el clima hostil hacia la prensa.Estas afirmaciones fueron respaldadas por actores políticos como el congresista Waldemar Cerrón y el primer ministro Gustavo Adrianzén», se lee en el informa.
Durante ese mes, el 22 de octubre, Boluarte reapareció en conferencia de prensa después de 105 días de silencio, adoptando un tono confrontacional y descalificativo hacia diversos periodistas. En este periodo ocurrieron las protestas de transportistas contra el crimen organizado en octubre y en noviembre (43 casos cada uno) derivaron en agresiones policiales a reporteros.
En meses intermedios, los ataques mostraron cierta estabilidad: junio (35 casos), julio (22 casos), agosto (28 casos) y setiembre (23 casos). Para cerrar el año, diciembre (29 casos) mantuvo cifras altas en comparación con inicios de año.
La ANP explica en el informe que en cuanto a los agentes agresores, los funcionarios públicos lideraron las estadísticas con 177 casos, destacando como los principales responsables de actos contra la prensa que, por su rol, deberían cautelar.
Los civiles estuvieron detrás con 129 ataques, mientras que los agentes de seguridad perpetraron 63 casos. En menor medida, se identificaron agresiones de empleadores y elementos no identificados (12 y 11 casos, respectivamente).
Entre las víctimas, los reporteros digitales fueron los más afectados, con 170 casos registrados. Las y los periodistas de televisión les siguieron, con 94 ataques, mientras que la prensa escrita enfrentó 69 agresiones.
En los medios radiales se reportaron 59 casos.
En términos de género, los hombres representaron el 47% (184 casos) de las víctimas, los medios de comunicación un 34% (132 casos), mientras que las mujeres sumaron el 19% (76 casos).
«Esta brecha de género refleja que, aunque las agresiones afectan mayoritariamente a hombres, las mujeres periodistas continúan enfrentándose a entornos hostiles en el ejercicio de su labor, como evidencia el sostenido acoso perpetrado por el ahora prófugo Hialmar Laynes Sánchez contra, por lo menos, 5 reporteras», indica la ANP.
Lima continúa siendo la provincia con mayor incidencia, concentrando 222 casos, seguida por Huamanga (12), Cutervo y Mariscal Nieto (11 cada uno), Arequipa y Cusco (10 cada uno), Abancay (8), Maynas y Tumbes (7 cada uno), Alto Amazonas, San Román y Chiclayo (5 cada uno).
Con menos casos figuran Trujillo (6), Andahuaylas (6), Piura (4) y Huánuco (5).
Otras 35 ciudades registraron menos de cuatro casos, lo que evidencia la distribución geográfica de las agresiones en el país.
