La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes un informe sobre Venezuela en el que destacó que el gobierno de Nicolás Maduro aplicó terrorismo de Estado y una estrategia de represión coordinada para “perpetuarse en el poder.

El extenso documento, que se puede leer AQUÍ, analiza las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país suramericano antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía”, destaca el organismo que es  parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CIDH refiere que esta estrategia de represión se desarrolló en tres etapas. La primera que buscó impedir la participación opositora en los comicios, lo cual incluyó inhabilitaciones políticas vía la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, pero también detenciones arbitrarias de dirigentes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.

A esto se sumaron las restricciones a la libertad de prensa desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que bloqueó más medios de comunicación independientes para impedir que hubiese información libre y al alcance de la población venezolana.

ELECCIONES FRAUDULENTAS

Respecto al proceso electoral destacaron que “el gobierno implementó una estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia».

Para este fin, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque.

Asimismo, suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados: «Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda”.

La última de las etapas fue “de represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social”. Esto después de las protestas que hubo en el país ante el desconocimiento de los resultados electorales  sin que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya presentado las actas para confirmar su anuncio del triunfo de Maduro en el proceso.

“Esta operación (Tun Tun) dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión. Además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.

QUE PARE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA

En las recomendaciones, la CIDH llama al régimen en el poder en Venezuela a cesar inmediatamente la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, así como a liberar urgentemente a todas las personas detenidas arbitrariamente. Asimismo, insta a restablecer el orden constitucional, a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos, a publicar todas las actas de votación y a permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional