El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha presentado un proyecto de resolución legislativa para modificar el artículo 88 del Reglamento Interno del Parlamento.

El cambio a la referida normativa busca precisar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría —que actualmente él preside— «debido a su naturaleza tiene una función fiscalizadora permanente» y, por lo tanto, «no requiere de encargatura del Pleno».

La propuesta, respaldada por la bancada de Podemos Perú, recuerda que de acuerdo a la Constitución de 1993 «el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y que es obligatorio, en consecuencia, comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el proceso judicial».

A entender de Burgos, ello significa que a nivel parlamentario los congresistas pueden, a través de comisiones de carácter investigador, indagar sobre asuntos de interés público con las prerrogativas de acceder a cualquier información, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.

En ese contexto, la iniciativa sostiene que es importante que la Comisión de Fiscalización, dada su naturaleza, «mantenga un carácter de investigación permanente que le permita realizar investigaciones sobre asuntos de interés público orientado a la lucha contra la corrupción sin necesidad de que el Pleno del Congreso le otorgue facultades expresas para la consecución de sus objetivos».

Cabe recordar que desde que inició su gestión, en agosto del año pasado, la Comisión de Fiscalización ha aprobado solicitar facultades al Pleno del Legislativo para diferentes casos, uno de ellos fue para investigar a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República por su presunta injerencia en las asignaciones presupuestales para obras públicas, contrataciones del Estado y supuestas actuaciones ilegales para impulsar la inscripción de su partido político.

Asimismo, el grupo de trabajo acordó pedir facultades para investigar el caso del vehículo presidencial vinculado a la presunta fuga del prófugo Vladimir Cerrón. Ninguna de estas solicitudes, sin embargo, ha llegado a buen puerto.

Ahora, lo que toca es que el proyecto de resolución legislativa presentado por Burgos sea analizado por la Comisión de Constitución y Reglamento para, de ser aprobado, pasar recién a su estudio por el Pleno del Legislativo.