Su poca rigurosidad, su sesgo ideológico y politizado le han pasado factura. José Domingo Pérez ha sido apartado por seis meses de su cargo como fiscal del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, según una decisión adoptada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.
La medida del órgano de control se sustenta en el artículo 72.° del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la ANC, el cual establece que el apartamiento preventivo procede en “situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”.
La resolución fechada el 7 de abril, sostiene que existen “fundados y razonables elementos de convicción” que vinculan a Pérez con la presunta interferencia en el proceso penal seguido contra el abogado Arsenio Oré Guardia en el caso Cocteles. De acuerdo con la ANC, el fiscal habría continuado actuando en dicho caso a pesar de estar legalmente impedido y de que se le solicitara formalmente su inhibición.
“El fiscal José Domingo Pérez se habría avocado indebidamente a un proceso por más de cinco años, vulnerando normas procesales y principios éticos que rigen la función fiscal”, señala el documento. Esta conducta, según el órgano de control, constituye una infracción de especial gravedad que justifica la aplicación de la medida cautelar de suspensión.
Para el abogado penalista Andy Carrión la decisión de la ANC en contra de Pérez “es una secuela de la decisión que tomó en su oportunidad el Tribunal Constitucional respecto a advertir actos parciales desplegados por Pérez en la resolución que favoreció a Oré en el caso Cocteles.
“Tal como lo dijo el TC, Pérez no debió de investigar a este abogado ni a otros por ser él el afectado, el agraviado y, por tanto, no garantizar la imparcialidad y objetividad de una conducta fiscal”, señaló Carrión a Perú21.
“CREDIBILIDAD EN RIESGO”
La ANC advierte en su resolución que permitir que Pérez continúe con sus funciones dentro del Equipo Especial Lava Jato —que maneja investigaciones altamente sensibles y de interés nacional— podría poner en riesgo la credibilidad institucional del Ministerio Público. “Debe evitarse un desempeño inadecuado que desencadene en el descrédito de la institución”, argumenta.
El expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, también fue víctima del abuso de Pérez, quien fuera de contexto lo acusó sin pruebas de orquestar una campaña para impedir que en las elecciones de 2011 ganara Ollanta Humala, involucrándolo en el caso Cocteles.
La medida de la ANC, que entrará en vigor cuando Pérez sea notificado, le impedirá al fiscal ejercer cualquier atribución propia de su cargo durante ese periodo. Es decir, queda apartado de toda función fiscal.
Según explica Carrión, la separación temporal de Pérez del Equipo Fiscal Lava Jato obligará a Rafael Vela Barba, coordinador de fiscales de lavado de activos, a nombrar a otro fiscal que se haga cargo de todos los procesos de Pérez.
“Será el fiscal Vela, como coordinador del equipo Lava Jato, quien designe a otro fiscal interinamente en lugar de Pérez para que lleve en adelante todas las investigaciones que tenía a su cargo”, señaló el penalista.
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