El 19 de mayo, después de una ardua jornada de trabajo en la chacra, Ernesto Navarro, poblador del fundo de Choyocca, se preparaba para descansar cuando escuchó acercarse hacía el poblado un vehículo procedente del Apu Pisti, ubicado en Chalhuanca, provincia de Aymaraes, en Apurímac. Cinco desconocidos con los rostros cubiertos, sin expresar una sola palabra bajaron de la camioneta y con las armas de fuego que portaban comenzaron a disparar al aire indiscriminadamente.

Don Ernesto sobresaltado por el sonido de los disparos salió de su vivienda para ver qué sucedía. Casi de inmediato fue rodeado por los desconocidos que le exigieron con insultos y amenazas entregue la llave para abrir la tranquera y así continuar con su viaje hacia Chalhuanca. Ernesto dijo que no tenía la llave. No le creyeron. Lo golpearon brutalmente.A tientas y superando el dolor producto de la golpiza, don Ernesto, alcanzó una zona donde entraba señal de celular. Llamó a sus familiares para avisarles del terrible momento que enfrentó.

Días después del ataque, autoridades municipales, funcionarios y pobladores rechazaron la agresión contra don Ernesto durante el desarrollo de una reunión de emergencia multisectorial donde se abordó, entre otros puntos, la peligrosa tenencia cada vez en mayor número de armas de fuego.

FOCO DE CONFLICTOS

En los últimos años, el Apu Pisti -un macizo rocoso que hace poco perdió toda su capa glacial- se ha convertido en un foco de conflicto social y constantes enfrentamientos entre mineros informales y pobladores que rechazan la actividad minera y defienden la preservación de sus fuentes de agua como son los bofedales y la laguna de Choyocca.

En la zona se han identificado 20 Reinfo entre vigentes y suspendidos. Se estima que laboran alrededor de 350 mineros informales, pero están divididos por el control de los socavones, así como la distribución de las ganancias que ha provocado incluso disputas entre familiares que dejaron las chacras para volcarse hacia la actividad minera como una forma de mejorar sus condiciones de vida.

En septiembre del 2023, por exigencia de pobladores y autoridades locales, funcionarios de varias entidades, entre ellas, técnicos de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MINEM llegaron a la zona para evaluar el estado de los Reinfo y encontrar una salida a la problemática existente, sin embargo, pese al tiempo transcurrido, hasta el momento se desconocen las conclusiones de la inspección técnica realizada.

CHALHUANCA: ¿»PATAZ APURIMEÑA»?

Para el alcalde provincial de Aymaraes, Gustavo Carrillo Segovia, no queda otra salida que desalojar a todos los mineros informales y declararse en emergencia el Apu Pisti a fin de protegerse la cabecera de cuenca y todas las fuentes de agua existentes en la zona.

Asimismo, se sumó al clamor de los pobladores que rechazan hechos de violencia como lo ocurrido en Choyocca y continúe a vista y paciencia de las autoridades. “Se tiene que detener la violencia. No podemos permitir que Chalhuanca y otros poblados se conviertan en la Pataz apurimeña”, enfatizó.

La comparación no es exagerada. No, al menos, respecto a cómo empezó la violencia en Pataz. Carrillo Segovia, recordó que ya hubo otros enfrentamientos entre mineros informales que dejaron muertos y que nunca fueron investigados, la quema de maquinarías, así como la destrucción de campamentos son una constante en Apu Pisti que la han convertido en “tierra de nadie” y ese es el principal temor que advierte la autoridad municipal.