La mayoría de instituciones públicas de la región Apurímac no vienen cumpliendo con la obligación de publicar la lista de exfuncionarios y exservidores en la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, pese a que esta exigencia rige desde el 22 de agosto de 2023. Esta omisión limita la transparencia en la gestión pública y dificulta el acceso a información clave para la ciudadanía y los órganos de control.
En dichos informes, la Contraloría recomienda a los titulares de las entidades adoptar las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad detectados como resultado de las acciones de control realizadas.
Asimismo, se señala que, de ser el caso, las autoridades deben disponer el deslinde de responsabilidades correspondientes contra los funcionarios o servidores que resulten responsables por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia y prevención de conflictos de intereses.