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Disolución de convenio de la I.E. Francisco Solano con pocas probabilidades de revertirse

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El representante de la Diócesis de Abancay, el Doroteo Borda López, ratificó que la disolución del convenio de administración de la Institución Educativa San Francisco Solano ya es un hecho consumado. Precisó que esta decisión solo podría revertirse si existe comprensión, paz y orden entre la comunidad de Moyocorral y los padres de familia de los estudiantes beneficiarios del plantel. “Si no hay paz y orden, ya no podremos hacer nada”, enfatizó el religioso.

Asimismo, el padre Doroteo Borda lamentó que en los últimos días la Iglesia Católica haya sido blanco de ataques a través de algunos medios de comunicación, donde —según indicó— se difundieron interpretaciones fuera de lugar y sin sustento. Entre ellas, se señaló erróneamente que la Iglesia pretendía apropiarse del terreno de la escuela de Moyocorral, información que calificó como totalmente falsa, ya que dicho predio se encuentra registrado en la SUNARP a nombre del Estado, lo que hace imposible cualquier intento de apropiación.Con la disolución del convenio, la Iglesia dejará de administrar el nivel inicial que funciona en el sector de Ichubambilla, el nivel primario en el sector de Moyocorral y el nivel secundario que opera en el distrito de Tamburco, donde anteriormente funcionaba el colegio Edgard Valer Carpio. Esta medida marca el fin de una etapa de acompañamiento institucional que abarcó varios sectores educativos de la provincia.

El representante de la diócesis recordó que el convenio se gestó hace seis años a solicitud de la UGEL Abancay, debido a los problemas administrativos que atravesaban dichos planteles y la necesidad de contar con una gestión más sólida. Señaló que los objetivos se cumplieron, pues actualmente las instituciones atienden a cerca de 900 estudiantes y registran logros académicos reconocidos por la población. “Por la administración de esta I.E. nosotros no recibimos ni un sol, solo fue un acompañamiento moral; pero cuando hay conflictos, no podemos seguir”, afirmó.

Finalmente, el padre Doroteo aclaró que las tarifas de la APAFA responden a acuerdos internos de los propios padres de familia y que la Iglesia no intervino en esas decisiones. Respecto a las denuncias por presunta discriminación, maltratos u otros problemas, sostuvo que no se presentaron pruebas fehacientes y que correspondía a la UGEL resolverlas oportunamente. Mientras tanto, el conflicto ha dividido a la comunidad en dos grupos: uno mayoritario que solicita la reconsideración de la disolución del convenio y otro que exige su anulación definitiva, quedando ahora la decisión final en manos de la autoridad educativa.

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