El Poder Ejecutivo ha formalizado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad para el período 2026-2028, con el propósito de coordinar una respuesta estatal unificada ante el incremento de la delincuencia en diversas regiones del país. Esta iniciativa se publica mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-IN en el Diario Oficial El Peruano y se alinea con las orientaciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
El jefe de Estado, José María Balcázar defendió el carácter democrático de esta política durante su presentación oficial. En esa línea, aclaró que la estrategia no implica medidas de control excesivo que comprometan las libertades institucionales.
Balcázar destacó la flexibilidad de la herramienta diseñada para adaptarse a los cambios en los patrones delictivos.
“Este plan no contiene un plan autoritario extremo que pretenda dañar la figura democrática en la región y en el mundo. Por eso hoy estamos dando un paso fundamental (…) que podrá ser reajustado, desde luego, porque la criminalidad así lo exige”, manifestó al explicar las características ajustables del documento.
El presidente adoptó una postura firme respecto a la interacción con las organizaciones criminales durante el evento de lanzamiento.
“No se puede negociar de ninguna manera con los delincuentes. Eso sería ceder el sistema democrático que tenemos por ahora como última ratio en el mundo”, sostuvo.
El mandatario precisó que el cumplimiento efectivo de esta política trasciende las competencias exclusivas de ciertas instituciones policiales o ministeriales. En particular, involucra de manera indispensable al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Instituto Nacional Penitenciario en sus respectivas responsabilidades.
Balcázar extendió una invitación directa a las universidades para fortalecer el andamiaje normativo contra los delitos graves.
“Vamos a convocar a todas las facultades de Derecho del país, porque debemos tener un plan B legislativo para que no se sigan escurriendo los delincuentes avezados”, anunció.
La normativa establece directrices de obligatorio acatamiento para los tres niveles de gobierno en su implementación. Tanto las etapas prácticas como los procesos de enlace entre sectores públicos resultan vinculantes para todas las organizaciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
El Ministerio del Interior, mediante su Dirección General de Seguridad Ciudadana, cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para organizar los sistemas de monitoreo y análisis del plan. Estos instrumentos de control se formalizarán a través de una resolución ministerial específica para su aplicación inmediata.
En términos presupuestarios, la ejecución de todas estas disposiciones no implicará mayores desembolsos para las arcas estatales. Los recursos necesarios provendrán exclusivamente de los créditos asignados a cada institución conforme a la ley de presupuesto anual vigente.