Nadie los controla. Las Fuerzas Armadas vienen operando en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) “sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin control político efectivo”, dijo, el abogado y experto en políticas de drogas, Ricardo Soberón, al comentar el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba, Huancavelica, ocurrido durante una intervención militar.

En «Al Filo» de #LaMulaStream, el exjefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) advirtió que el caso refleja una lógica de actuación militar marcada por el secretismo y la impunidad en el marco de la llamada guerra contra las drogas.

Soberón señaló que existen varios elementos que vuelven especialmente grave el caso de Colcabamba: la ausencia de droga en el vehículo intervenido, la inexistencia de una reacción armada por parte de los ocupantes y la magnitud del ataque militar.

“Por la forma cómo se ha dado este asesinato, sin droga, sin reacción armada por parte de los ocupantes de la camioneta, por los 60 disparos en este vehículo y por la falta de antecedentes de los ocupantes, acreditan algo muy serio”, indicó.

Soberón cuestionó además que la operación haya sido ejecutada exclusivamente por militares y no por unidades especializadas de la Policía Nacional.

“No intervino la Policía, la Dirandro no ha intervenido. ¿Qué hacen los militares haciendo una intervención y tomando la decisión de disparar de la manera cómo han disparado?”, preguntó.

El especialista destacó que el caso haya pasado a manos de la Fiscalía de Derechos Humanos de Huancayo y reveló que, según su información, Naciones Unidas logró involucrar a fiscales especializados para evitar que la investigación quede bajo competencia de fiscalías antidrogas.

“Entiendo que se está aplicando el Protocolo de Minnesota, que es para casos de uso excesivo de la fuerza. Yo creo que esto no va a quedar impune. Ha sido demasiado grosero”, sostuvo.

Las declaraciones de Soberón se producen mientras la defensa legal de las víctimas denuncia presuntas irregularidades en la investigación inicial. El abogado Anthony Crespo cuestionó a la fiscal provincial Zina Romero por no solicitar a tiempo la detención preliminar de los ocho militares investigados, lo que —según dijo— impidió realizar diligencias urgentes y preservar pruebas clave.

Soberón vinculó además este escenario con el fortalecimiento político y presupuestal de las Fuerzas Armadas en los últimos gobiernos, especialmente desde la administración de Dina Boluarte y los programas de reequipamiento militar.

“Desde Boluarte, al haber conseguido los recursos necesarios para los planes de compras militares, se sienten libres de hacer lo que quieren”, afirmó.

El abogado también relacionó este contexto con la nueva estrategia antidrogas impulsada por Donald Trump en América Latina, basada en mayor presión militar, exigencias de resultados y operaciones de seguridad con lógica de guerra.

En ese marco, mencionó las recientes tensiones entre Estados Unidos y México, luego de que Trump afirmara que “los cárteles gobiernan México” y amenazara con acciones unilaterales contra organizaciones criminales en territorio mexicano.

La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos plantea una ofensiva más agresiva contra la producción y tránsito de drogas en América Latina, especialmente en México y Colombia, incluyendo presión diplomática, acciones militares y medidas financieras.

Diversos especialistas advierten que este enfoque profundiza la militarización de la política antidrogas y reproduce modelos que históricamente han derivado en violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de comunidades rurales y debilitamiento institucional en la región.

En países como Perú, Colombia y México, las políticas de “guerra contra las drogas” han dejado miles de muertos, desplazamientos forzados, corrupción, expansión del poder militar y escasos resultados sostenibles en la reducción del narcotráfico y del consumo problemático.

Organismos internacionales y expertos en salud pública sostienen que el paradigma prohibicionista ha fracasado y que insistir en estrategias represivas solo incrementa la violencia y la vulneración de derechos fundamentales en América Latina. La organización Washington Office on Latin America (WOLA), especializada en derechos humanos y políticas de drogas, advirtió recientemente que el nuevo modelo impulsado por la administración de Donald Trump —basado en operaciones militares conjuntas, acciones “cinéticas” y presión unilateral sobre países latinoamericanos— reproduce los errores de la llamada “guerra contra las drogas” y amenaza con agravar la crisis regional.

En un extenso análisis, WOLA señaló que las estrategias militarizadas no han reducido el tráfico de drogas ni el poder del crimen organizado, pero sí han generado ejecuciones extrajudiciales, torturas, corrupción y debilitamiento del Estado de derecho. “Los abogados, las leyes, las fuerzas del orden y las comunidades son la solución, no el obstáculo”, remarcó la organización, al cuestionar la expansión de operativos militares sin transparencia ni control judicial.