Organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales de Venezuela iniciaron este jueves una movilización en Caracas con destino al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022.
La concentración comenzó en la Plaza Venezuela, desde donde los manifestantes prevén avanzar hacia el centro político del país. Se trata de la cuarta protesta salarial en lo que va del año y la primera que busca llegar directamente al palacio presidencial.
Marchas paralelas y tensión en la capital
La movilización sindical coincide con una manifestación convocada por sectores oficialistas, que anunciaron una marcha en las mismas zonas de la ciudad bajo el lema de la “paz” y para conmemorar los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Los organizadores de la protesta laboral no revelaron la ruta exacta del recorrido en Caracas, en un contexto marcado por el anuncio reciente del Ejecutivo sobre un posible ajuste salarial.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el 1 de mayo se aplicará un aumento “responsable”, aunque sin precisar el monto ni la modalidad del ajuste.
El salario mínimo en Venezuela permanece desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que en ese momento equivalían a unos 30 dólares, pero actualmente representan menos de un dólar debido a la inflación y la devaluación monetaria.
En los últimos años, el Ejecutivo ha aplicado una política basada en bonificaciones para trabajadores públicos, que suman aproximadamente 160 dólares, aunque estos pagos no se consideran parte del salario base ni generan beneficios laborales adicionales.
Durante las protestas recientes, los trabajadores han solicitado:
- El aumento inmediato del salario mínimo
- El fin del sistema de bonificaciones sin incidencia salarial
- El respeto a los contratos colectivos
- El cese de la persecución contra dirigentes sindicales
Protestas en medio de medidas económicas
El anuncio del incremento salarial forma parte de un conjunto de medidas económicas impulsadas por el Gobierno venezolano, que incluyen la creación de una comisión para el diálogo laboral y propuestas de reformas tributarias.
Estas acciones se presentan en medio de una creciente presión social por el deterioro del poder adquisitivo y el alto costo de vida, que han motivado múltiples protestas en el país durante los últimos meses