Bolivia atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más profundas en décadas. La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, lleva más de 16 días con sus principales accesos paralizados por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos han dejado cuatro muertos, al menos 57 detenidos y una ciudad sin abastecimiento normal de alimentos, medicamentos ni combustible. El mandatario colombiano Gustavo Petro describió la situación como una «insurrección popular», calificativo que el Gobierno boliviano rechazó.
El conflicto se agrava día a día. Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales que partió de Oruro hace seis días llegó este lunes al centro de la capital administrativa, mientras otras dos columnas —de juntas vecinales de El Alto y de campesinos— también avanzan hacia la ciudad. El Palacio de Gobierno, en la plaza Murillo, permanece custodiado por policías y militares con vehículos antidisturbios. “Pueden marchar de manera pacífica, pero tomaremos acciones si cometen delitos», advirtió el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz
Por qué estalló la crisis: economía rota, leyes polémicas y promesas rotas
El detonante inmediato fue un paquete de 10 leyes presentado por el Gobierno, que incluye la privatización de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y servicios básicos, además de cambios constitucionales que eliminarían el Estado plurinacional. Morales denunció que estas medidas responden a condicionamientos del FMI, con el que el Ejecutivo negocia financiamiento pese a haber prometido en campaña no recurrir al organismo. «El fondo ha condicionado: primero, acabar con las subvenciones. Segundo, devaluación del tipo de cambio. Y tercero, privatizar todas las empresas públicas», enumeró el exmandatario.
El contexto económico agrava la situación. Bolivia enfrenta su peor crisis en cuatro décadas, con una grave escasez de dólares y una inflación interanual del 14% en abril. Entre las primeras medidas de Paz estuvo la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que elevó el costo de vida. Las organizaciones empresariales calculan pérdidas superiores a US$50 millones diarios por las paralizaciones, con unos 5.000 vehículos varados en las carreteras del país.
Agentes antidisturbios retiran piedras de una carretera bloqueada por manifestantes rurales en Lipari, departamento de La Paz
¿Quiénes protestan y qué exigen?
La movilización reúne a sectores muy distintos. A inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas salieron a las calles con reclamos como el aumento salarial, la no privatización de empresas y la dimisión del presidente.
La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, lidera parte de las marchas. «Salgamos a las calles a protestar porque lastimosamente el gobierno central no va a entender de otra manera», aseguró Mario Argollo, máximo representante del organismo, a la agencia AFP.
Aunque Paz logró acuerdos parciales con obreros de El Alto y maestros urbanos, la COB y los cocaleros aliados del exjefe de Estado rechazaron cualquier negociación que no incluya la renuncia presidencial.
Mario Argollo, líder de la mayor organización sindical de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB)
Ante esta situación, la Fiscalía de Bolivia confirmó una orden de aprehensión contra Argollo, acusado de instigación pública a delinquir y terrorismo. La ejecución de la orden quedó en manos de la Policía Boliviana, mientras el Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar responsabilidades.
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