El Gobierno de Donald Trump anunció un nuevo endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos al exigir que las personas que buscan obtener la residencia permanente legal, conocida como Green Card, abandonen el país mientras realizan el proceso de solicitud.

La medida fue comunicada el viernes por autoridades migratorias estadounidenses y representa un cambio significativo para miles de inmigrantes que actualmente residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense mientras esperan la aprobación de su residencia permanente.

Con la nueva disposición, los solicitantes deberán regresar a sus países de origen para tramitar las visas permanentes.

La decisión podría impactar directamente en familias migrantes, trabajadores y comunidades enteras debido a las prolongadas demoras que suele registrar el proceso de obtención de la “green card”, el cual puede extenderse durante meses e incluso años.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó que la norma incluirá excepciones limitadas para determinados casos extraordinarios.

Zach Kahler, portavoz de la agencia, sostuvo que la política busca reducir la permanencia irregular de extranjeros que continúan viviendo en Estados Unidos tras recibir una negativa migratoria.

“Cuando los extranjeros solicitan desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden pasar a las sombras y permanecer en EE.UU. ilegalmente después de que se les niegue la residencia”, declaró Kahler en un comunicado oficial.

La modificación ocurre en un contexto donde la administración Trump mantiene una línea restrictiva frente a distintos mecanismos de inmigración legal e ilegal.

Aunque el combate a la inmigración irregular figura entre las prioridades del Gobierno republicano, la nueva medida también golpea a personas que desarrollan trámites legales para establecerse permanentemente en el país.

Según cifras públicas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alrededor de 1.4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal durante el año fiscal 2024.

Ahora, una parte importante de los futuros solicitantes podría enfrentar interrupciones laborales, separación familiar y mayores gastos económicos derivados de los viajes obligatorios a sus países de origen.

La decisión se suma a otras medidas implementadas recientemente por la administración Trump para restringir mecanismos legales de ingreso y permanencia en Estados Unidos.

Millones de inmigrantes actualmente viven en Estados Unidos bajo procesos migratorios pendientes

Entre ellas figuran los recortes a solicitudes de asilo, la eliminación del estatus de protección temporal para algunos países, la suspensión parcial de admisiones de refugiados y las restricciones a visas laborales y estudiantiles.

Además, tras el tiroteo ocurrido el año pasado en Washington, donde murieron dos soldados de la Guardia Nacional, el Gobierno ordenó revisar todas las residencias emitidas a ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”.

Aunque el sospechoso del ataque, un ciudadano afgano, obtuvo asilo mediante un procedimiento distinto al de residencia permanente, el caso intensificó las decisiones de control migratorio dentro de la administración republicana.

La nueva norma podría enfrentar demandas judiciales en los próximos meses debido a las implicancias legales y sociales que genera sobre millones de inmigrantes que actualmente viven en Estados Unidos bajo procesos migratorios pendientes.