El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, en diálogo con EXPRESO sostuvo que el Gobierno prioriza la obtención de facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Plantea una reforma del INPE que incluya la construcción de, por lo menos, un mega penal y la separación efectiva de los internos de mayor peligrosidad. Explicó que muchos penales mezclan a presos por delitos violentos con personas que cometieron infracciones sin atentar contra la vida humana. Según el ministro, esa situación puede convertir los establecimientos en espacios de formación criminal.

Sobre los conflictos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, Álvarez señaló que ambas instituciones aún no alcanzan un acuerdo. Explicó que el Poder Judicial busca fortalecer el subsistema de flagrancia, mientras el Ministerio Público necesita desarrollar el subsistema de banda criminal, extorsión y sicariato. Agregó que el Gobierno trabaja con la Policía Nacional para establecer un protocolo unificado sobre la investigación preliminar.

El ministro también sostuvo que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con independencia de intereses políticos y económicos. Afirmó que la justicia debe aplicar la ley de manera imparcial y que el Estado necesita una reforma integral del sistema de protección de los derechos humanos.