La Contraloría General de la República detectó un importante retraso en las acciones destinadas a reducir los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. Un operativo nacional reveló que 1.096 de las 1.546 Fichas Técnicas Referenciales (FTR) recibidas por gobiernos regionales y locales todavía no llegaron a la etapa de formulación de requerimientos presupuestales.

El operativo ‘Descolmatación y limpieza de ríos y quebradas’ se desarrolló entre el 3 y el 9 de julio con la participación de 200 auditores.

Los equipos de control supervisaron a 20 gobiernos regionales, 313 municipalidades distritales, 68 municipalidades provinciales y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La revisión permitió identificar 449 situaciones adversas relacionadas principalmente con el financiamiento y la ejecución de intervenciones en zonas consideradas críticas por su nivel de peligro.

Cusco concentró la mayor cantidad de alertas, seguido por Puno, Áncash, Huánuco, Cajamarca y Ayacucho.

De las 2.016 fichas elaboradas por la ANA durante 2025 y 2026, los gobiernos subnacionales solo acreditaron la recepción de 1.546, mientras que otras 470 no cuentan con registro o constancia de haber sido recibidas.

La Contraloría advirtió que esta situación deja sin atención inicial a una parte importante de los puntos identificados como de peligro alto y muy alto.

Entre las fichas que sí recibieron los gobiernos regionales y municipales, 893 tampoco registraron acciones destinadas a evaluar, planificar o coordinar la atención de los puntos críticos.

Loreto presentó el mayor nivel de inacción, con el 100 % de sus fichas sin acciones, seguido por Amazonas, Apurímac, San Martín, Pasco y Huánuco.

El retraso se extiende a las siguientes etapas del proceso. La Contraloría encontró que en 1.215 fichas no se acreditó la convocatoria de procesos de selección o el inicio de la modalidad de ejecución correspondiente.

Asimismo, 1.219 fichas, equivalentes al 79% de las recibidas, todavía no registraban el comienzo de las intervenciones.

Estos resultados mantienen expuestas a poblaciones, viviendas, vías de comunicación, infraestructura pública y áreas agrícolas ante eventuales inundaciones, desbordes, huaicos y procesos de erosión fluvial.

La Contraloría señaló que la falta de ejecución oportuna limita la capacidad del Estado para reducir los riesgos identificados antes de la temporada de lluvias intensas.

El operativo también encontró problemas durante intervenciones específicas.

En Lurigancho-Ate, tres de las 11 máquinas asignadas permanecían inoperativas y la actividad comenzó antes de culminar el replanteo topográfico.

En Huarochirí, además, los auditores detectaron órdenes de servicio vencidas o próximas a vencer y un avance físico de apenas 10% después del plazo establecido.

El contralor general César Aguilar sostuvo que la institución continuará vigilando el uso de los recursos públicos destinados a la prevención.

La Contraloría señaló que sus acciones buscan impulsar una respuesta más oportuna frente a los peligros asociados a ríos y quebradas y reducir la vulnerabilidad de la población ante posibles emergencias.