La presidenta Keiko Fujimori confirmó este domingo 2 de agosto que el Gobierno pondrá en marcha, durante los próximos días, el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles y en el sistema de transporte público para respaldar el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al avance de la delincuencia.

La medida constituye una de las primeras decisiones de seguridad adoptadas por su administración y forma parte de los compromisos que planteó durante la campaña electoral.

La mandataria completó el anuncio mediante una transmisión en vivo desde el despacho presidencial, donde presentó un balance de las acciones ejecutadas al inicio de su gestión.

Durante su intervención, también abordó temas relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en Junín, las acciones preventivas ante un eventual fenómeno El Niño, la modernización del sistema de salud y el fortalecimiento de los programas sociales.

En materia de seguridad ciudadana, la jefa de Estado explicó que el Ejecutivo prioriza una estrategia de coordinación entre las instituciones responsables del orden interno para enfrentar el incremento de la criminalidad y recuperar la tranquilidad de la población.

«En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte«, afirmó la presidenta durante su mensaje.

La mandataria sostuvo que el despliegue militar permitirá reforzar las labores que actualmente desarrolla la Policía Nacional y contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta frente a los delitos que afectan a distintas zonas del país.

Gobierno amplía participación militar en tareas de seguridad

Durante su pronunciamiento, Keiko Fujimori también precisó que el Consejo de Ministros aprobó un marco de colaboración que permitirá a las Fuerzas Armadas brindar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios.

Según explicó, esta decisión busca fortalecer el control dentro de los penales y reforzar las condiciones de seguridad del sistema penitenciario mediante la participación de las instituciones del Estado.

La presidenta agregó que el Ejecutivo mantendrá los operativos contra el narcoterrorismo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En ese contexto, destacó el respaldo del Gobierno a las fuerzas especiales que participaron en la denominada Operación Quiñones, intervención que calificó como uno de los golpes recientes contra las organizaciones criminales que operan en esa zona del país.

Asimismo, confirmó que el Gobierno coordina la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya cumplieron sus condenas en territorio peruano, como parte de las orientadas a fortalecer la seguridad nacional y el control migratorio.

Anuncio ocurre en medio de incremento de denuncias por extorsión

El anuncio presidencial se produce en un contexto marcado por el crecimiento de los delitos vinculados a la extorsión y la violencia criminal.

De acuerdo con información del Ministerio Público, entre enero y junio de 2026 se registraron 12,634 denuncias por extorsión y chantaje en todo el país. El Observatorio de Criminalidad precisó que el promedio alcanzó las 1,053 denuncias mensuales, equivalente a cerca de 70 casos por día y aproximadamente tres cada hora.

El reporte también identificó a Lima Este como el distrito fiscal con mayor número de denuncias, con 1,638 casos. Le siguió La Libertad, con 1,435; Lima Centro, con 1,309; Lima Norte, con 1,163; y Lima Sur, con 1,155, concentrándose entre todas estas jurisdicciones más de la mitad de los registros nacionales.

La situación también afecta al transporte público. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 131 homicidios e intentos de homicidio contra transportistas, según el Observatorio de Crimen y Violencia. El informe indicó que la cifra representa un promedio de 26 ataques mensuales, mientras los conductores continúan denunciando la falta de condiciones de seguridad para desarrollar sus actividades.