“No habrá guerra civil, matanzas ni tomas de Lima. Solo pequeños grupos violentos que atacarán a la Policía Nacional en busca de provocar víctimas”, sostiene el exintegrante del GEIN José Luis Gil. Sin embargo, en la otra orilla política, el líder etnocacerista Antauro Humala tiene una visión diametralmente opuesta.

En una entrevista con la agencia AFP, el menor de los hermanos Humala advirtió que, si triunfa una candidatura de derecha —en alusión a Keiko Fujimori— y se mantiene el rechazo a una nueva Constitución, podrían repetirse episodios de violencia similares a los registrados durante las protestas de 2023.

“Bajo la tesis de una negativa al diálogo nacional o a una asamblea constituyente, yo creo que en el Perú va a haber matanzas”, sentenció.

Coincidentemente, la fecha convocada para la nueva movilización de sectores de izquierda, el 19 de junio, coincide con el denominado “Día de la Heroicidad” de Sendero Luminoso.

Se trata de la fecha en que dicha organización recuerda a sus militantes fallecidos durante el develamiento del motín ocurrido en el penal El Frontón en 1986.

Eso explica que las regiones donde se han tomado medidas inmediatas “en defensa del voto popular” son Puno y Ayacucho, es decir el Frente de Defensa de Ayacucho y el Conare-Movadef en Puno con Lucio Callo desde el puente de Ilave.

¿Autoconvocatoria?

Diversos observadores sostienen que tanto Roberto Sánchez, candidato presidencial, como otros dirigentes de Juntos por el Perú, buscan evadir sus responsabilidades ante una eventual escalada de violencia durante las movilizaciones.

Según esta interpretación, intentan presentar las protestas como iniciativas espontáneas de ciudadanos “autoconvocados”, limitándose ellos a respaldarlas o adherirse.

“Hago un llamado a la movilización pacífica que ha iniciado ya en autoconvocatorias en diferentes regiones. Hoy nosotros nos sumamos a esa convocatoria formal y llamamos a que, en el marco de la ley y de la democracia, sea una protesta pacífica. Será así, porque exigimos cero controversias”, manifestó.

Sánchez insistió en que las movilizaciones deben desarrollarse respetando las normas vigentes y remarcó que la protesta constituye un derecho democrático que debe ejercerse de manera responsable; además advirtió de la presencia de “infiltrados” en las marchas.

“Mañana (hoy) nos estamos organizando para que no haya infiltrados, para que no haya ninguna acción de violencia y eso no estará de nuestro lado”, declaró.

En esa línea, algunos dirigentes, como el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zúñiga, habrían señalado que no participarán en la denominada “toma de Lima” debido a otras responsabilidades políticas. Así lo informó el periodista Luis Giacoma Macchiavello en un reporte para PanAm Post Español.

Terminará en la cárcel

En declaraciones a EXPRESO, el abogado y analista político Marco Tulio Gutiérrez criticó las acciones emprendidas por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, al considerar que buscan prolongar la definición oficial de los resultados mediante recursos legales y cuestionamientos al proceso.

“La estrategia de Roberto Sánchez es alargar la proclamación de resultados a través de apelaciones y pedidos de nulidad de los resultados de la segunda vuelta electoral. Es la búsqueda de deslegitimar los resultados mediante la creación de la duda respecto a las votaciones alcanzadas por los dos protagonistas de la segunda vuelta”, sostuvo.

Gutiérrez señaló que las organizaciones políticas cuentan con mecanismos suficientes para verificar los resultados electorales, y afirmó que tanto los personeros como los equipos técnicos de las candidaturas tienen acceso a la información necesaria para contrastar los datos oficiales.

“Hay que recordar que los dos equipos de personeros tienen no solamente los resultados que vienen de las actas que poseen, sino que han tenido tiempo suficiente para recabar del portal de la ONPE los resultados de las actas que no tienen. Saben que han perdido las elecciones, pero quieren manchar el proceso con la duda”, manifestó.

En esa línea, el analista vinculó los cuestionamientos al proceso electoral con las movilizaciones convocadas por sectores afines a Sánchez, señalando que existiría una relación entre ambas estrategias.

“Y esta duda es el caldo de cultivo para las movilizaciones que convocan, pero de las que pretenden tomar distancia ante el temor de que la violencia que se pueda generar con protestas callejeras termine significando responsabilidad penal como instigadores de los ataques a la propiedad pública y privada”, afirmó.

Para Gutiérrez, la postura asumida por el candidato y su entorno político busca impulsar acciones de protesta sin asumir directamente las consecuencias que pudieran derivarse de ellas.

“Es la clásica conducta de quienes buscan tirar la piedra, pero esconden la mano”, expresó.

“Lo que debe tener claro Sánchez es que terminará en la cárcel por la violencia que generen sus convocatorias bajo el pretexto de defensa del voto popular”, declaró.