El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) actualizó la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales mediante la Resolución Ministerial n.° 223-2026.

La medida incorpora a un nuevo integrante y mantiene la estructura del órgano: tres representantes designados por el sector Justicia y uno por el Despacho Presidencial.

La nueva comisión quedó integrada por Magno Abraham García Chávarri, quien la preside; Ivar Jesús Calixto Peñafiel; Martín Antonio Salgado Arroyo; y Carlos Antonio Bazo Ramírez, este último en representación del Despacho Presidencial.

Una de las modificaciones fue la incorporación de Salgado Arroyo en reemplazo de Lesli Roxana Gonzales Cabanillas, quien presentó su renuncia tras ser cuestionada por su presunta cercanía con el entorno del exmandatario Pedro Castillo.

Salgado no es un nombre ajeno al sector: ya integró este órgano durante el régimen de Castillo en 2021 y en la gestión de Dina Boluarte en 2023.

Según fuentes vinculadas al procedimiento, el reconfigurado tribunal tendrá un plazo aproximado de un mes para revisar las solicitudes en trámite. En este lapso, no se descarta que Castillo Terrones —quien cuenta con las facultades legales para insistir— formule un nuevo pedido.

Crecen especulaciones

Para el abogado constitucionalista William Oblitas, la coincidencia temporal entre los recientes pedidos de Castillo y las modificaciones en el grupo evaluador genera legítimas interrogantes.

“Sabemos que hay pedidos de gracias presidenciales en marcha, como el caso del exmandatario, y esto levanta sospechas sobre por qué se realiza el cambio precisamente en esta oportunidad”, manifestó.

Oblitas precisó que la nueva integración tendrá participación directa en la revisión de futuras solicitudes del exjefe de Estado.

“Esta conformación sí podría evaluar un nuevo pedido de indulto de Castillo y llegar a recomendarlo. Su funcionamiento tendrá implicancia en su eventual salida, pero en su momento se tendrán que evaluar jurídicamente todas las decisiones que vayan contra las normas”.

En esa misma línea, el constitucionalista Natale Amprimo señaló que resulta indispensable transparentar las circunstancias que motivaron la salida de los anteriores miembros y los criterios para designar a los relevos. Instó a las autoridades competentes a brindar mayores precisiones al respecto.

Incluso recordó que el investigado no cuenta con una sentencia firme, por lo que sería un gran impedimento para otorgarle este tipo de libertad, tal como lo han venido declarando diversos juristas.

“El señor Castillo no es un condenado con sentencia firme. Los indultos proceden para personas condenadas, por lo que un indulto en estas circunstancias estaría absolutamente vetado jurídicamente”, afirmó.

Cabe recordar que la Comisión de Gracias Presidenciales tiene la función exclusiva de analizar las solicitudes de indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia. Tras una evaluación técnica, elabora recomendaciones no vinculantes que son remitidas al Poder Ejecutivo para la decisión final.

En ese sentido, sería el presidente de turno quien tendría la facultad de elegir si se puede liberar o no al investigado. Sin embargo, una liberación en la situación actual representaría una dura crítica contra Balcázar e incluso la posibilidad de un pedido de vacancia.